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Luis Jiménez Martínez, secretario regional de la UFP en la ciudad, considera que no hay personal para reabrir los pasos fronterizos y dice que harían falta 150 agentes más para que garantizar la seguridad.
La Unión Federal de Policía defiende que en Melilla no hay personal para reabrir la frontera con Marruecos. En una entrevista concedida a El Faro, el secretario regional de la UFP, Luis Jiménez Martínez, advirtió de que en estos momentos los pasos fronterizos no están preparados para retomar el tráfico fronterizo.
“No. No podemos abrir mañana la frontera. Negativo”, contestó Jiménez a la pregunta sobre si ya están creadas las condiciones para reabrir los pasos fronterizos con Marruecos. Además, alertó de que se esperan avalanchas del lado marroquí en ese primer día de reapertura porque “hay gente que lo ha pasado mal. Han pasado hambre y penurias”, señaló al hilo de estas previsiones.
“A día de hoy no tenemos personal en Melilla para abrir la frontera”, recalcó Jiménez. Según sus cálculos, la ciudad necesita al menos otros 150 agentes que se sumarían a los casi 500 que tiene la Policía Nacional en plantilla en la ciudad en estos momentos.
No obstante, Jiménez aclaró que la Unión Federal de Policía es partidaria de la normalización de las relaciones con Marruecos por los vínculos familiares y culturales que unen a los dos países.
“Hay amistades, sobrinos, familiares, incluso amistades de toda la vida. Gente de Melilla que tiene allí casas o que les gusta disfrutar de Marruecos y marroquíes que les gusta Melilla y les gusta disfrutar de Melilla. Nosotros creemos que debe estar abierta de la frontera, como está abierta la frontera con Francia o con Portugal”, añadió.
Asimismo, aclaró, que desde la UFP son partidarios de que en la frontera se aplique el Acuerdo de Buena Vecindad vigente antes del cierre fronterizo en marzo de 2020.
“Lo que no estamos a favor es de los porteadores. No estamos a favor de empresarios que se benefician del trabajo de una serie de personas que ni están cotizando ni están dadas de alta en la Seguridad Social. Nosotros no queremos ese tipo de movimientos en la frontera. Queremos una frontera normal en la que la gente entre de forma ordenada y controlada”.
Para eso, en opinión de Jiménez, es necesario que se controle cada persona, una a una, que entre en Melilla y abandonar las viejas prácticas de dejar entrar en grupo para aliviar la presión en la frontera.
“Queremos que se regule esa frontera. Que el que sea del sur de Marruecos y necesite visado, que pase con visado, que se potencie el trabajador transfronterizo; que entren niños que quieran estudiar en España, personas que quieran visitar la ciudad o ir de compras. Si quitamos el comercio atípico y se regula la entrada por Beni Enzar y se habilita otra (frontera) para niños y trabajadores transfronterizos se garantiza la entrada de una manera controlada. Lo que no puede ser es que Melilla sea la única frontera de España que no tenía control de salidas“.
Aunque no se pronuncia categóricamente, el máximo responsable de UFP en Melilla cree que debería estudiarse si abrir o no los pasos de Farhana y Barrio Chino.
“Creemos que tantos puntos podrían ser contraproducentes para la seguridad. Mínimo Beni Enzar y otro tipo de accesos para casos excepcionales sí que podría existir”, señaló.
Faltan policías: una reivindicación histórica
Desde hace años la Unión Federal de Policía de Melilla viene reclamando el refuerzo de personal para la plantilla de la ciudad. Es, de hecho, una reivindicación histórica que el sindicato defiende en aras de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Luis Jiménez cree que eso se ha conseguido tras el cierre de la frontera con Marruecos porque sin la presión de los controles fronterizos se han podido sacar más patrullas a las calles.
El catálogo de personal de la Comisaría de Melilla recoge una plantilla de 500 agentes que la UFP considera que está obsoleto y que se debe ampliar el personal para reconocer que ésta no es sólo una ciudad de 87.000 habitantes sino también y, sobre todo, una ciudad fronteriza.
Sin embargo el catálogo de personal no tiene en cuenta dos de los grandes problemas de Melilla: la presión migratoria y la frontera. “No puede ser que salgan dos zetas (dos patrullas) a un servicio de noche”, señaló.
Por eso, Jiménez cree que es necesario que se audite rincón por rincón para saber qué puestos demandan más funcionarios de la Policía Nacional en Melilla.
En ese sentido explicó que actualmente la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) está al 90%. Sin embargo, siendo un servicio esencial “hasta hace poco estaba a cuadros”.
Al sindicato le preocupan además los apedreamientos que sufren no sólo los agentes en determinadas zonas de la ciudad sino también los Bomberos y las ambulancias.
Al respecto, Jiménez denunció la existencia de grupos que se organizan para quemar contenedores y provocar de esta forma que acudan dotaciones de Bomberos y policías para apedrearlos.
“Le vamos a exigir al nuevo jefe superior que hable con la delegada del Gobierno y el resto de instituciones para intentar solucionar eso (los apedreamientos)”.
En cuanto a infraestructuras, desde la UFP creen prioritario empezar con las obras de la Comisaría, habilitar una galería de tiro y crear una unidad de guías caninos, algo que se prometió en su día y sigue en stand by.
También reclaman que agredir a un policía no salga gratis y pone por ejemplo a un agente de Melilla al que le lanzaron una rueda de coche con llanta y cubierta entera desde una azotea y el agresor se fue de rositas pese a que desde el sindicato creen que lo hizo con la intención de matarlo.
“Tenemos que estar respaldados por la ley”, concluyó.
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La Policía alega que no puede revelar los méritos para entregar la condecoración a funcionarios jubilados por Seguridad del Estado.
La Audiencia Nacional va a revisar las medallas de plata que en septiembre se aprobaron en una Orden General de la Policía con la firma del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Concretamente las cuatro otorgadas a comisarios jubilados entre los que se está el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Migueláñez que llevó a cabo la mayor parte de la investigación sobre el “caso Villarejo”. Tres sindicatos policiales han interpuesto demandas y, la primera de ellas, la de la Unión Federal de Policía (UFP) se resolverá en una vista el próximo 21 de diciembre.
Este mismo sindicato logró un precedente el pasado mes de junio cuando el Juzgado de lo Contencioso nº 6 de la Audiencia Nacional retiró a otros tres comisarios jubilados, Eloy Quirós, a Manuel Páez y a Francisco López Canedo, sus distintivos de plata por no existir una «propuesta individualizada de cada uno de los funcionarios» que acreditara sus méritos, según la sentencia. Pero este año, el Ministerio del Interior ha repetido el escenario entregándole la plata, además de a Migueláñez, al exjefe superior de la Policía de Cantabria Héctor Moreno; al de Melilla Francisco Rodríguez López; y al de Canarias José María Moreno.
Sin embargo, en esta demanda el asunto va más allá del hecho de la jubilación. A instancias del sindicato, el juez de lo Contencioso Luis Carlos Roxas, en una providencia a la que ha accedido LA RAZÓN, libra un oficio al portal de transparencia de Interior para que revele el número de condecoraciones al mérito policial que se les ha concedido a estos policías y la fecha de concesión de cada una de ellas. El objetivo es saber si entre una insignia y otra hubo 10 años de margen.
En una resolución interna de la Dirección General de la Policía de 2012 (con rúbrica del entonces director general Ignacio Cosidó) se describen los “criterios y procedimientos a seguir” para entregar las medallas y se establece, expresamente, que debe pasar una década entre una medalla a la trayectoria profesional (no a un hecho concreto como la que se ha entregado, por ejemplo, a los agentes que acudieron a Afganistán) y la siguiente.
Como la Ley que habla de las condecoraciones es de 1964 se quiso actualizar con unos “criterios objetivos mínimos para tramitar la propuesta” y se estableció este límite temporal que año tras años las Jefaturas Superiores recuerdan como requisito para poder acceder a los distintivos. Algo que, en el caso de estos comisarios, no se ha cumplido según fuentes policiales.
Los cuatro tienen medallas (entre blancas y rojas) con fechas de 2012, 2014 y 2015 sumada a la de plata concedida este 2021, que supone una pensión del 15% del sueldo. Los cálculos que manejan los recurrentes es que entre las condecoraciones y los trienios por antigüedad cada uno de ellos se lleva entre unos 700 y 800 extras al mes y de forma vitalicia.
Por su parte, el Ministerio del Interior a través de transparencia se ha negado a facilitar estos datos alegando que vulnerarían el derecho “fundamental a la intimidad” de los comisarios. En un documento que firma la comisaria subdirectora del gabinete técnico de la Policía expone que el conocimiento de los méritos de estos policías podría “implicar la puesta en riesgo no solo” de su “propia integridad personal, sino incluso”, sino que algunas operaciones “en el marco de la Seguridad del Estado” podrían verse comprometidas. Fuentes del sindicato subrayan que dado que estas medallas se pagan con dinero público el no facilitar los datos no es una cuestión de intimidad, sino de transparencia.
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Ante la aparición de diferentes pintadas en el edificio administrativo del Concello en la calle Michelena y en las instalaciones municipales deportivas de Campolongo en las que se puede leer el acrónimo ACAB (All cops are bastards), es decir, "todos los policías son bastardos”, así como la secuencia numérica 1312 que lanza el mismo mensaje, ya que ese número se corresponde con las siglas pero asignando esta vez a cada letra un valor numérico (1=A, 2=B, 3=C), la Unión Federal de Policía de Pontevedra (UFP) ha condenado públicamente estas pintadas al considerarlas "expresiones de odio hacia la policía en la ciudad".
Desde la UFP consideran que este tipo de graffiti incitan al odio "hacia un colectivo que se juega la vida en las calles por defender la de los demás". Es por esto que exigen tanto al gobierno local de Pontevedra como a la Subdelegación del Gobierno que condenen públicamente "tales ofensas hacia una política que trabaja profesionalmente y con dedicación hacia toda la población, indistintamente de su color político o tendencia".
Fuente: www.farodevigo.es
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El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) de Melilla es contrario a la exigencia de visados en la frontera de Melilla.
En declaraciones a El Faro, Luis Jiménez, portavoz de UFP explicó que eso no quiere decir que pretendan que las cosas sigan como estaban hasta antes del cierre de la frontera cuando la gente salía de Melilla sin control ninguno.
“No queremos que se aplique Schengen, pero queremos una frontera totalmente controlada. Lo de no controlar las salidas, eso no ocurre en ninguna frontera”, recalcó.
En opinión del portavoz de UFP, hay cosas que tienen que cambiar en la frontera como es el caso de llamado comercio atípico, que Jiménez prefiere llamar por su nombre “trabajo esclavo” del que “se han beneficiado un montón de empresarios”.
Fuente: elfarodemelilla.es
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El Defensor del Pueblo apunta a la UFP que además se ha solicitado a la Consejería siga informando de la evolución de la situación y de los cambios que se produzcan respecto a nuevas pautas de actuación ante posibles casos importados de covid-19 vinculados a la llegada de inmigrantes irregulares.
El Defensor del Pueblo ha informado a la Unión Federal de Policía (UFP) en Almería que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía está tratando de “unificar” los criterios para hacer frente a la covid-19 bajo los que se actúa con inmigrantes llegados en pateras a la costa andaluza.
En concreto, la oficina dirigida por Francisco Fernández Marugán traslada literalmente la respuesta de dicha Consejería sobre la “evolución de la situación y de los cambios producidos respecto a nuevas pautas de actuación ante posibles casos importados de la covid-19, en el contexto de la inmigración irregular” en Andalucía.
Fuente: www.diariodealmeria.es
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La Unión Federal de Policía de Pontevedra propuso que se condecore al agente que ayudó a salvar la vida a una mujer el pasado sábado en un piso de la calle San Mauro. El sindicato expone que el funcionario “arriesgó su vida y resultó herido” al salvar a la mujer que estaba a punto de precipitarse al vacío desde un cuarto piso. La UFP pide el Mérito Policial con distintivo rojo para este agente.
Fuente: www.farodevigo.es