La Audiencia Nacional revisa la medalla que Marlaska otorgó al comisario que investigó a Villarejo

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La Policía alega que no puede revelar los méritos para entregar la condecoración a funcionarios jubilados por Seguridad del Estado.

La Audiencia Nacional va a revisar las medallas de plata que en septiembre se aprobaron en una Orden General de la Policía con la firma del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Concretamente las cuatro otorgadas a comisarios jubilados entre los que se está el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Migueláñez que llevó a cabo la mayor parte de la investigación sobre el “caso Villarejo”. Tres sindicatos policiales han interpuesto demandas y, la primera de ellas, la de la Unión Federal de Policía (UFP) se resolverá en una vista el próximo 21 de diciembre.

Este mismo sindicato logró un precedente el pasado mes de junio cuando el Juzgado de lo Contencioso nº 6 de la Audiencia Nacional retiró a otros tres comisarios jubilados, Eloy Quirós, a Manuel Páez y a Francisco López Canedo, sus distintivos de plata por no existir una «propuesta individualizada de cada uno de los funcionarios» que acreditara sus méritos, según la sentencia. Pero este año, el Ministerio del Interior ha repetido el escenario entregándole la plata, además de a Migueláñez, al exjefe superior de la Policía de Cantabria Héctor Moreno; al de Melilla Francisco Rodríguez López; y al de Canarias José María Moreno.

Sin embargo, en esta demanda el asunto va más allá del hecho de la jubilación. A instancias del sindicato, el juez de lo Contencioso Luis Carlos Roxas, en una providencia a la que ha accedido LA RAZÓN, libra un oficio al portal de transparencia de Interior para que revele el número de condecoraciones al mérito policial que se les ha concedido a estos policías y la fecha de concesión de cada una de ellas. El objetivo es saber si entre una insignia y otra hubo 10 años de margen.

En una resolución interna de la Dirección General de la Policía de 2012 (con rúbrica del entonces director general Ignacio Cosidó) se describen los “criterios y procedimientos a seguir” para entregar las medallas y se establece, expresamente, que debe pasar una década entre una medalla a la trayectoria profesional (no a un hecho concreto como la que se ha entregado, por ejemplo, a los agentes que acudieron a Afganistán) y la siguiente.

Como la Ley que habla de las condecoraciones es de 1964 se quiso actualizar con unos “criterios objetivos mínimos para tramitar la propuesta” y se estableció este límite temporal que año tras años las Jefaturas Superiores recuerdan como requisito para poder acceder a los distintivos. Algo que, en el caso de estos comisarios, no se ha cumplido según fuentes policiales.

Los cuatro tienen medallas (entre blancas y rojas) con fechas de 2012, 2014 y 2015 sumada a la de plata concedida este 2021, que supone una pensión del 15% del sueldo. Los cálculos que manejan los recurrentes es que entre las condecoraciones y los trienios por antigüedad cada uno de ellos se lleva entre unos 700 y 800 extras al mes y de forma vitalicia.

Por su parte, el Ministerio del Interior a través de transparencia se ha negado a facilitar estos datos alegando que vulnerarían el derecho “fundamental a la intimidad” de los comisarios. En un documento que firma la comisaria subdirectora del gabinete técnico de la Policía expone que el conocimiento de los méritos de estos policías podría “implicar la puesta en riesgo no solo” de su “propia integridad personal, sino incluso”, sino que algunas operaciones “en el marco de la Seguridad del Estado” podrían verse comprometidas. Fuentes del sindicato subrayan que dado que estas medallas se pagan con dinero público el no facilitar los datos no es una cuestión de intimidad, sino de transparencia.

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