El alcalde de Madrid exige a Pedro Sánchez la misma diligencia en los ataques -reales- contra la Jefatura de la Policía Nacional, en Barcelona, que con el falso “ataque homófobo” de Malasaña.

Madrid no es una ciudad racista, ni homófoba, ni en ella campa el botellón, como ha señalado esta misma semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos. Cuando se produce el asesinato de Samuel, la manifestación es contra Díaz Ayuso. Es constante el señalamiento contra Madrid”, afirmó el regidor en una entrevista en “Telemadrid”. Más de lo mismo tras el “caso Malasaña”, en el que el supuesto ataque homófobo fue desmentido por la supuesta víctima. Sin embargo, desde el Gobierno, se organizó una mesa de lucha contra la homofobia y los delitos de odio “que se sufre en Madrid”. Algo que se orquestó con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, entre otros. Ahora, hoy mismo, el alcalde de Madrid, ha publicado en redes sociales un vídeo de los desórdenes públicos e incidentes registrados el sábado en Barcelona y pregunta, “¿Cuándo convoca (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez la comisión de delitos de odio por esto?”.

“Espero que la presida”, dice Almeida en alusión a la Comisión de seguimiento del Plan de acción contra los delitos de odio, que el viernes presidió Sánchez tras ser convocada de urgencia tras conocerse una denuncia de una agresión homófoba en Madrid, el pasado día 5, que, insistimos, acabó siendo falsa.

El sábado, en la capital catalana, durante la manifestación independentista de la Diada, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos personas, una por desórdenes públicos y otra por atentado a la autoridad, en unos incidentes registrados en la Vía Laietena, frente al edificio de Jefatura de la Policía Nacional.

Este domingo, la Unión Federal de la Policía (UFP) ha denunciado la “pasividad” del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante dichos incidentes, lo que consideran un ataque a las instituciones del Estado.

En un comunicado, la UFP considera al Gobierno y al ministro del Interior responsables de esta situación y les acusa de mantener una actitud “políticamente cobarde”.

Ayer se celebró en Cataluña la Diada, fiesta que los independentistas de siempre aprovecharon para atacar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de Vía Layetana.

Desde la Unión Federal de Policía condenamos este ataque, uno más, a nuestros Centros Policiales en esa Comunidad Autónoma que estamos seguros no se consentirían en ninguna otra Comunidad española.

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Los comisarios de policía Eloy Quirós, Manuel Páez y Francisco López Canedo se quedan sin una de sus medallas de plata.

El juez anula tres condecoraciones de plata que el Ministerio del Interior otorgó a policías que estaban jubilados.

Así lo ha decidido el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 6 de la Audiencia Nacional en una sentencia que supone un varapalo para el Ministerio del Interior a quien acusa de no motivar lo suficiente la concesión de estos distintivos. 

Dicha sentencia con fecha del 12 de julio, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, señala que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no motivó las propuestas de medalla, puesto que no existe un documento individualizado por cada uno de los tres comisarios principales que permita justificar este premio, según el juez Luis Carlos de Rozas Curiel. 

La Ley sobre condecoraciones policiales es clara en este aspecto y exige que concurran condiciones como dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia que redunde en el prestigio de la Policía. Algo que no se sostiene al haber estado los tres policías fuera del cuerpo ya en el momento en el que se les otorgó el premio. 

La demanda fue interpuesta el pasado mes de octubre por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), como adelantó este digital para recurrir una orden de Interior en la que otorgaba el distintivo de plata al actual director de seguridad de El Corte Inglés, Eloy Quirós, así como al que fuera jefe superior de la Policía de Navarra Francisco López Canedo y el ex comisario de la Brigada de Extranjería Manuel Páez. El sindicato denunció que el procedimiento de condecoraciones a funcionarios que ya no estaban en el cuerpo suponía un proceso “oscuro” que provoca “suspicacias''. 

Y así lo ha refrendado la Audiencia Nacional: “el acto administrativo no resulta motivado, no solo por la ausencia de fundamentación explícita del mismo, sino también porque el conjunto de documentos y elementos probatorios que en el expediente constan y deberían de dotar de sentido a la resolución administrativa, omiten toda referencia a las razones concretas e individualizadas que acreditarán que los premiados reúnen los méritos que la Ley exige para que puedan ser objeto de recompensa”. 

En la misma Orden de Policía que concedió estas medallas ahora anuladas se condecoraba, por ejemplo, al inspector Francisco Javier González Suárez quien fue embestido en su coche en una persecución a un narcotraficante en Algeciras. El coche patrulla quedó bocabajo y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Sevilla. Para el sindicato denunciante era un agravio comparativo que esta medalla estuviera en la misma orden que la de tres comisarios que ya no prestaban servicios al cuerpo. 

Este premio supone un 15% adicional del sueldo del policía de forma vitalicia, es decir en el sueldo de un comisario con varios trienios la traducción económica está entre unos 300 y 400 euros que se suman a la pensión. Fuentes del cuerpo explican que en los últimos años tanto la medalla de plata como la Cruz con distintivo rojo -que también lleva aparejado un 10% del salario vitalicio- se dan de forma sistemática a la cúpula policial y así quedan sobredimensionados los salarios de los altos cargos. 

La sentencia declara nula la resolución de Interior por lo que los policías jubilados deberán devolver el dinero cobrado por estas condecoraciones desde el pasado mes de septiembre. El fallo ahora puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. 

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En el día de ayer, el BOE publicaba los indultos a los condenados, por sentencia firme en el caso del Procés. Se trata de indultar y permitir su salida de la cárcel, de políticos que han sido condenados por la comisión de delitos que pusieron en riesgo la integridad territorial de España, utilizando para ello fondos de todos los ciudadanos.

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La Unión Federal de Policía (UFP) asegura que el " Centro de Atención Temporal de Extranjeros del puerto de Almería (CATE) es un potencial punto de entrada de nuevas cepas del SARS-CoV-2" y reclama a la Policía Nacional "monitorizaciones" continuas de los agentes de este cuerpo.

Así consta en un escrito remitido por el secretario provincial de la UFP en Almería, Raimundo Morales, al comisario provincial, Rafael Madrona, en el que incide en que en estos módulos de acogida se "producen constantes concentraciones de personas en espacios muy reducidos".

Espacios que "carecen de sistemas de ventilación que garanticen concentraciones de CO2 por debajo de 800 ppm para prevenir contagios".

En concreto, la UFP teme que el CATE pueda ser una puerta de entrada por la cepa etiquetada como Beta por la OMS, procedente de Sudáfrica, que se "caracteriza por una mayor transmisibilidad, pero también porque posee una mutación que le permite evadir el sistema inmune".

Por ello, el sindicato de la Policía Nacional reclama monitorizaciones continuas de los distintos departamentos, tanto de la Comisaría Provincial de Almería como de la Comisaría Local de El Ejido, con "especial indicación en CATE, calabozos, y demás oficinas de atención al público, con la finalidad de comprobar si las concentraciones de CO2 se mantienen dentro de los niveles que se consideran tolerables para prevenir contagios de covid-19".

También reclaman la instalación fija de medidores de concentración de CO2 en los departamentos con "mayor trasiego de gente" y que, de acuerdo a las monitorizaciones, se coloquen y mejores los sistemas de ventilación mecánica y que en los puntos en los que no se puedan instalar aparatos de filtrado de aire, se utilicen filtros HEPA. EFE

Fuente: www.diariodealmeria.es

La Unión Federal de Policía, desde su Comité Regional de Melilla, condena las agresiones que se han producido contra una unidad de la UPR de la Policía Nacional esta semana. A través de un comunicado de prensa, la organización, señala que se trata de “agresiones estériles a los servicios públicos”.

“Produce mucha extrañeza, que después de miles de propuestas para sanción por saltarse el confinamiento en Melilla, aún sigan deambulando por las calles personajes con escaso respeto por el prójimo en general a sabiendas que vamos los primeros, en negativo, en la carrera contra el COVID-19”, exponen en la nota, donde señalaron que la escalada de violencia que se está viviendo en determinados barrios de Melilla va en aumento. “No puede seguir así, no debe seguir así. pues, de continuar en esta línea habrá consecuencias que hoy bien podían ser evitadas con una fuerte implicación política, tratando de que educadores sociales desactiven el furor maligno del que algunos van impregnados”, expresaron.

Se dirigen a aquellas personas que agreden a los servicios públicos y que tampoco respetan al resto de la ciudadanía. Menos aún en el contexto de pandemia en el que están muriendo conciudadanos, los profesionales de la sanidad se exponen a un alto riesgo, en el que también aumentan los contagios y hay una alta ocupación en el hospital.

Desde ese comunicado la UFP de Melilla cuestionaron el futuro de esos individuos de indican que pese que sea un devenir “crudo”, “después culparan de sus males a quienes les tendieron la mano y se la han mordido”.

En esta cuestión, la UFP mencionó en su comunicado que los políticos juegan un papel decisivo “a través de sus representantes de barrio, los cuales han de inculcar los valores de desterrar la violencia de sus mentes”. Indicaron que no se debe permitir que cada día haya más “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan). “Los jóvenes son la esperanza y el mañana de las sociedades y por ende su futuro”, aseveraron . Pidieron a los políticos que esos jóvenes sean educados en su primera fase “en paz, tolerancia, respeto y libertad plena y que no se desvíen socialmente.

Fuente: https://elfarodemelilla.es