El alcalde de Madrid exige a Pedro Sánchez la misma diligencia en los ataques -reales- contra la Jefatura de la Policía Nacional, en Barcelona, que con el falso “ataque homófobo” de Malasaña.

Madrid no es una ciudad racista, ni homófoba, ni en ella campa el botellón, como ha señalado esta misma semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos. Cuando se produce el asesinato de Samuel, la manifestación es contra Díaz Ayuso. Es constante el señalamiento contra Madrid”, afirmó el regidor en una entrevista en “Telemadrid”. Más de lo mismo tras el “caso Malasaña”, en el que el supuesto ataque homófobo fue desmentido por la supuesta víctima. Sin embargo, desde el Gobierno, se organizó una mesa de lucha contra la homofobia y los delitos de odio “que se sufre en Madrid”. Algo que se orquestó con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, entre otros. Ahora, hoy mismo, el alcalde de Madrid, ha publicado en redes sociales un vídeo de los desórdenes públicos e incidentes registrados el sábado en Barcelona y pregunta, “¿Cuándo convoca (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez la comisión de delitos de odio por esto?”.

“Espero que la presida”, dice Almeida en alusión a la Comisión de seguimiento del Plan de acción contra los delitos de odio, que el viernes presidió Sánchez tras ser convocada de urgencia tras conocerse una denuncia de una agresión homófoba en Madrid, el pasado día 5, que, insistimos, acabó siendo falsa.

El sábado, en la capital catalana, durante la manifestación independentista de la Diada, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos personas, una por desórdenes públicos y otra por atentado a la autoridad, en unos incidentes registrados en la Vía Laietena, frente al edificio de Jefatura de la Policía Nacional.

Este domingo, la Unión Federal de la Policía (UFP) ha denunciado la “pasividad” del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante dichos incidentes, lo que consideran un ataque a las instituciones del Estado.

En un comunicado, la UFP considera al Gobierno y al ministro del Interior responsables de esta situación y les acusa de mantener una actitud “políticamente cobarde”.