Analizamos los riesgos y efectos de estos cambios en la eficacia policial y la protección ciudadana.
Erosión del respeto a la autoridad: La reducción de sanciones a la desobediencia y el insulto a la policía puede debilitar el respeto hacia la autoridad, impactando negativamente en la cohesión social y la capacidad policial para mantener el orden público.
Aumento de agresiones a agentes: El debilitamiento del respeto y la impunidad percibida aumentan las agresiones verbales y físicas contra los agentes, agravando la inseguridad y dificultando su trabajo.
Dificultades en la aplicación de la ley: La disminución de sanciones genera un entorno en el que los ciudadanos sienten que pueden desobedecer sin consecuencias, lo que reduce la efectividad policial y puede derivar en desórdenes públicos.
Incremento del desorden público: La normalización de la desobediencia genera un clima de caos y falta de respeto por la ley, promoviendo un aumento del desorden y la criminalidad.
Percepción de impunidad y desconfianza institucional: La falta/disminución de sanciones fomenta un sentimiento de impunidad que deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones, afectando la seguridad pública.
Impacto en la seguridad ciudadana: La falta de respeto hacia la autoridad policial podría genera un aumento en la criminalidad y una mayor percepción de inseguridad, afectando la calidad de vida y la confianza en las instituciones.
Eliminación del uso de pelotas de goma: Su eliminación como herramienta de control de multitudes obligará a los agentes a enfrentamientos físicos cuerpo a cuerpo, aumentando el riesgo para su integridad y por supuesto la necesidad de un mayor número de efectivos en cada intervención/concentración para poder garantizar el derecho de reunión recogido en nuestra Constitución.
Aspectos Psico-familiares de l@s agentes: La necesidad de un mayor número de agentes para garantizar el orden público afectará directamente a las libranzas y la conciliación familiar de los policías, existiendo la posibilidad de que se de un mayor absentismo laboral así como una mayor presión psicológica para los mismos.
La necesidad de emplear a un mayor nº de agentes para la seguridad ciudadana, generará de forma indiscutible mayor gasto público para cubrir dicha necesidad.
Consumo de drogas en la vía pública de grave a leve: transmite un mensaje peligroso y a nuestro juicio equivocado, especialmente para la población más joven y vulnerable, que podría interpretar el consumo de drogas como algo leve y sin consecuencias para su desarrollo psico-social.
Este cambio puede incrementar la demanda de consumo de drogas, ante trivialización del problema, provocando un aumento de su presencia en el entorno escolar y por supuesto agravar la lacra del narcotráfico, con todas las consecuencias sociales y de seguridad que ello conlleva.
En conclusión, la Seguridad Ciudadana es un bien común y su reforma tiene consecuencias para todos.
EN UFP EN CONTRA DE LA REFORMA PLANTEADA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
