Asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han criticado este martes la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña, lo que a su juicio supone «un ataque frontal al Estado de derecho», y han exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
PSOE y Junts han alcanzado este martes un acuerdo por el que los Mossos d’Esquadra gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y estarán en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat tendrá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros. Para las asociaciones que representan a la Policía y a la Guardia Civil, esta cesión de competencias migratorias supone una «vulneración flagrante de la Constitución» y un «mercadeo político».
Así lo denuncia el sindicato Jupol, mayoritario de la Policía Nacional, que ha expresado su rechazo y «profunda indignación ante el bochornoso acuerdo» y ha exigido la dimisión del ministro del Interior por su complicidad ante lo que consideran un «ataque frontal» al Estado de derecho, una vulneración de la Constitución y «un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña».
Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, considera que este acuerdo responde a «una estrategia planificada para desmantelar la presencia de este cuerpo de seguridad del Estado en Cataluña» y asegura que seguirá defendiendo su competencia sobre el resguardo fiscal del Estado, al tiempo que denuncia la «opacidad» tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tildado de «escandalosa e ilegal» la transferencia de competencias y ha advertido de que la seguridad de la población no puede formar parte de ningún «cambalache» a cambio de apoyos políticos. «Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo», ha denunciado.
La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que este acuerdo supone «un golpe mortal» a los cometidos de la Policía y Guardia Civil en Cataluña y ha reclamado la dimisión de Marlaska por ceder al «chantaje competencial que los independentistas catalanes imponen en todas sus negociaciones».
Desde la Unión Federal de Policía (UFP), señalan que esta «cesión ilegal» supone un «ninguneo» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y critican que es un «atropello legal, funcional y operativo sin precedentes». Denuncian asimismo que el Ejecutivo «ha traspasado de nuevo los límites» para contentar a sus socios independentistas. La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado de «mercadeo político» la cesión de competencias y ha advertido de que esta medida «choca frontalemente» con el marco legal vigente.
Desde la asociación de suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) lamentan que se trata de un paso más en el desmantelamiento del Estado español en Cataluña y advierten de que acudirán a los tribunales para defender estas competencias exclusivas de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad.
La Asociación PRO Guardia Civil (Aprogc) ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el control de las fronteras españolas sea cedido, puesto que la protección de las fronteras no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino también un pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado.
