Según el comunicado de la UFP, esta medida vulnera la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/86), que establece en su artículo 12 que la gestión del control migratorio es una competencia exclusiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La decisión de otorgar estas atribuciones a los Mossos, afirman, es «ilegal y contraria al marco normativo vigente», lo que supone una «descentralización encubierta» que refuerza la idea de Cataluña como un «Estado dentro del Estado».
Desde la UFP advierten que esta decisión traerá graves consecuencias operativas, al generar una estructura paralela de gestión migratoria en Cataluña que podría provocar descoordinación y conflictos funcionales. «La Policía Nacional ha desempeñado de manera eficiente el control migratorio en todo el país. Imponer ahora un modelo alternativo en una sola comunidad autónoma sólo multiplicará los errores y los problemas de gestión», sostienen en su comunicado.
El sindicato también denuncia que esta medida supone un «ninguneo» y una «marginación deliberada» de los cuerpos de seguridad estatales en Cataluña. Según afirman, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil están siendo desplazados progresivamente de sus funciones en la región, lo que genera una «desafección creciente» y una sensación de «abandono institucional».
Otra de las preocupaciones planteadas por la UFP es la incertidumbre jurídica que generará esta transferencia de competencias. Se preguntan quién tendrá la autoridad final en la resolución de expedientes migratorios: si la Delegación del Gobierno o el Departamento de Interior de la Generalidad. Advierten que otorgar a las comunidades autónomas la capacidad de decidir sobre expulsiones o concesiones de residencia abre la puerta a decisiones arbitrarias basadas en intereses políticos locales.
Además, el sindicato subraya que esta decisión tiene un impacto directo en la seguridad nacional y europea, dado que Barcelona es uno de los principales puntos de entrada de inmigrantes al espacio Schengen. «Cualquier extranjero que entre por Barcelona puede moverse libremente por todo el país, por lo que no tiene sentido que el control migratorio quede en manos de un cuerpo autonómico en lugar de la Policía Nacional», sostienen.
Por todo ello, la UFP exige la inmediata rectificación de esta medida y el respeto a las competencias exclusivas de los cuerpos de seguridad del Estado. Acusan al Ejecutivo de «desmantelar el Estado y poner en jaque la seguridad nacional» con una decisión que consideran una «humillación» para la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Esto no es descentralización, es rendición», concluyen en su comunicado.
