CIRCULAR RELATIVA A LA SOLICITUD DE DOTACIÓN COMPLETA Y ADECUADA DE UNIFORMIDAD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ya ha leído 0% Desde este Sindicato se quiere realizar una propuesta y hacer constar y poner de manifiesto una problemática, que se viene observando de un tiempo a esta parte, y que afecta no solo a nuestros/as afiliados/as sino a todo el colectivo policial, y que tiene que ver de manera específica con la necesidad de establecer una dotación completa y adecuada de uniformidad para verano e invierno, a todo el personal de Seguridad Ciudadana, conforme a la establecido en Orden INT/430/2014, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la Ley Orgánica 9/2015 del Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía y demás normativa aplicable. El personal de Seguridad Ciudadana presta servicio operativo en la vía pública durante todo el año, en turnos rotatorios y bajo condiciones climatológicas muy variables según la demarcación (frío extremo en zonas interiores o de montaña, calor intenso en litorales, lluvias persistentes, humedad, etc.); la dotación actual de uniformidad resulta insuficiente, desigual y, en ocasiones, inadecuada para cumplir con las exigencias del servicio, generando que los funcionarios adquieran con recursos propios prendas térmicas, impermeables, polares, guantes o ropa transpirable no suministrada oficialmente contraviniendo la prohibición expresa de vestir prendas no reglamentarias (Art. 3.2 Orden INT/430/2014) y, lo que es más grave, cargando el coste de un Equipo de Protección Individual (EPI) obligatorio sobre el trabajador. La ropa de servicio diseñada para mitigar la exposición a riesgos climáticos (frío/calor/humedad/cambios térmicos) cumple con la definición de EPI, cuyo suministro debe ser obligatorio y gratuito para el trabajador, tal como exige el Art. 17.1 de la LPRL y el RD 773/1997; asimismo la administración está obligada a una evaluación de riesgos por puesto y entorno (art. 16 LPRL), que en el caso de la Seguridad Ciudadana debe incluir el análisis de riesgos por exposición climática por provincias, existiendo en la actualidad diferencias climatológicas extremas entre el norte y el sur de España, lo que afecta al rendimiento operativo del agente, siendo necesario determinar la suficiencia y especificación de las prendas necesarias, ya que la falta de un vestuario funcional y adecuado vulnera el principio irrenunciable de protección eficaz de la seguridad y salud del trabajador (Art. 11 LO 9/2015 y art. 14 LPRL). En numerosas plantillas policiales nos encontramos, al no existir ni dotar de prendas de uniformidad adaptadas a las condiciones estacionales o climáticas de la zona, que muchos/as funcionarios/as policiales deben hacer uso de las mismas prendas para invierno y verano, o de otro tipo de prendas, pagadas de su bolsillo, para evitar determinadas inclemencias del tiempo, como el frío ( prendas térmicas u otros), afectando tanto al bienestar como a la eficacia de los servicios policiales, y por tanto se está incumpliendo lo recogido en la normativa policial, y en concreto en la Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, sobre la uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, que regula la obligatoriedad, de vestir exclusivamente las prendas reglamentarias, prohibiéndose las combinaciones no autorizadas, y siendo una responsabilidad de los mandos de velar por el cumplimiento y la dotación correcta de las prendas; la Administración está obligada a dotar todas las prendas necesarias para el servicio reglamentado, y es competencias de la Dirección General de la Policía determinar y dotar de prendas específicas adicionales, no solo según las especialidades, sino también a las condiciones de servicio, estacionales o climáticas (verano/invierno) ya que no hacerlo supone cargar sobre el funcionario policial costes que le corresponde asumir a la Administración, forzando un incumplimiento reglamentario sistemático. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), impone al empleador público, a la Administración, una serie de obligaciones ineludibles; así el artículo 14 recoge que se debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo; el artículo 16, que se debe realizar una evaluación de riesgos por puesto y entorno, incluidos, la exposición al frío, al calor, a la humedad, a la lluvia, a los cambios térmicos bruscos…y que debe realizarse por provincias y turnos debido a las características específicas de la actividad policial en vía pública; el artículo 17, obliga a proporcionar de forma gratuita y sin coste los EPI necesarios, incluyendo el vestuario de trabajo adaptado a los riesgos climáticos, sin que el trabajador asuma coste económico alguno, y por tanto la ropa operativa (térmica, impermeable, de transpiración, interior térmico, cubrecabezas, etc.) es material indispensable para la protección del policía, y constituye un EPI esencial y el artículo 18, recoge que la Administración debe informar sobre las condiciones de uso, renovación y sustitución cuando el desgaste o las condiciones climáticas lo requieran, por tanto la falta de dotación adecuada, suficiente y gratuita vulnera el principio de protección eficaz del trabajador y constituye un incumplimiento expreso de la LPRL. La propia Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional establece expresamente que la Administración debe proporcionar los medios necesarios para el servicio, preservando la igualdad en las condiciones de prestación del mismo, y por tanto el derecho a la protección integral en seguridad y salud es irrenunciable, y por tanto la Administración está obligada a garantizar la igualdad en condiciones materiales entre provincias ( Principio de Igualdad), la suficiencia de medios y material para cumplir con las exigencias operativas, así como una dotación homogénea de uniformidad para evitar desigualdades territoriales o económicas entre funcionarios. De todo lo anterior se desprende y se infiere, que la dotación de uniformidad para Seguridad Ciudadana no es discrecional, sino un deber jurídico de la Administración, que la falta de prendas adecuadas supone un incumplimiento de la Orden INT/430/2014, la vulneración de la LPRL, una desprotección para los/as funcionarios policiales y una pérdida de homogeneidad e igualdad en el servicio policial, constituyendo la ropa operativa para el clima frío y caluroso un EPI esencial, y donde su adquisición debe recaer en la propia Administración, y no en el funcionario policial, adaptando ésta a los riesgos climáticos y específico por provincias, así como una renovación de las mismas por desgaste funcional. Por todo lo expuesto se ha solicitado de dicho Consejo, como órgano competente y legitimado, o para su remisión y posterior contestación del que pudiera ser competente, y mediante escrito registrado al efecto, para su análisis y posterior informe a esta Organización Sindical, las siguientes cuestiones: Que se inste a la Dirección General de la Policía a aprobar una dotación completa e integral de uniformidad específica para verano e invierno, que incluya, como mínimo: Prendas transpirables y ligeras para altas temperaturas, prendas resistentes a la abrasión o con propiedades ignifugas, prendas térmicas de abrigo homologadas, impermeables, cortavientos, forros adecuados, guantes, gorros, bragas térmicas, camisetas técnicas y ropa interior térmica oficial, así como una sustitución periódica por desgaste, al objeto de adaptarse a las necesidades de intervención, movilidad y protección del agente. Que se implementen las medidas necesarias para ordenar una Evaluación de Riesgos Climáticos por provincias, conforme a los arts. 16-18 de la LPRL, que determine necesidades específicas en zonas o provincias con frío extremo, humedad y lluvia persistente, calor severo o golpes de calor. Que se unifiquen criterios nacionales de prendas autorizadas, prohibiendo expresamente la compra privada y garantizando que toda la uniformidad sea suministrada gratuitamente (art. 3 Orden INT/430/2014 y art. 17 LPRL). Requerir a la Dirección General la presentación de un Plan de Implantación detallado que incluya una previsión presupuestaria inmediata, un cronograma de distribución por unidades y un sistema reglado de reposición por desgaste funcional, y que dicho plan se remita al Consejo de Policía para su seguimiento y control sindical. Unificar la dotación a nivel nacional para eliminar la desigualdad territorial y económica actual, garantizando que el coste íntegro del EPI recaiga en la Administración (Art. 17 LPRL). Que el Consejo de Policía acuerde requerir a la Dirección General de la Policía la garantía y ejecución inmediata de una dotación de uniformidad operativa que cumpla plenamente con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Orden INT/430/2014. EN UFP DEFENDEMOS TUS DERECHOS Leer Escrito. Click aquí. AVISO: El fichero adjunto puede contener datos de carácter personal sujeto a protección legal. Los destinatarios exclusivos del fichero son los afiliados de UFP en sus cualidades de integrantes de la Policía Nacional. Queda prohibida la distribución o publicación del fichero adjunto en otros medios o con personas no afliadas a UFP o ajenas a la Policía Nacional.

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