El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha vuelto a pedir formalmente a la Junta de Andalucía que fije una reunión urgente para abordar la convocatoria de plazas en la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad.
La solicitud fue registrada el pasado 10 de julio ante la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, así como ante el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero, a día de hoy, la petición no ha recibido respuesta oficial.
En el escrito dirigido a ambas instituciones, la UFP reclamaba mantener ese encuentro antes de que finalizase el mes de julio, con el objetivo de “aunar criterios” sobre la futura convocatoria. El proceso se articula mediante un concurso específico de méritos y, según el sindicato, los últimos criterios aplicados han sido “arbitrarios” y “poco objetivos”.
Y la denuncia no es nueva. La UFP ya había trasladado en abril al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, sus críticas sobre el procedimiento seguido en la anterior convocatoria. En aquella comunicación, el sindicato alertaba de un acceso poco transparente y de posibles prácticas lesivas para la igualdad de oportunidades.
La UFP recuerda a la Junta su compromiso de "transparencia" en su programa electoral
Y es que, la organización sindical ha cuestionado el compromiso de la Junta con los principios que defiende en su propio programa electoral. “¿Dónde queda la promesa de proyecto dialogante que anunciaban en su último programa electoral?”, plantean desde UFP, en alusión directa al documento presentado por el Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2022.
Ese programa, del que se citan pasajes textuales, subraya que “la transparencia es el mejor antídoto para desechar las malas prácticas, los abusos y la corrupción”. También sostiene que una gestión diáfana “elimina los ángulos muertos” y dificulta cualquier intento de aprovechamiento ilícito.
Pero la UFP considera que la falta de respuesta institucional a su solicitud contrasta con el principio de diálogo que defiende el gobierno autonómico. Por ello, insisten en que se fije una reunión formal entre el sindicato y un interlocutor válido de la Consejería, con el fin de corregir las deficiencias detectadas y “desechar las malas prácticas” que, a su juicio, se han producido en procesos anteriores.
El precedente de 2018 y el compromiso electoral
La demanda sindical se enmarca en un contexto de reiteradas apelaciones políticas a la transparencia. En el programa electoral del Partido Popular andaluz de 2018, la palabra 'transparencia' aparece hasta en 16 ocasiones, según recuerda la propia UFP en su comunicado. En el documento de 2022, se refuerza ese compromiso, indicando que profundizarán "en la transparencia” y que los programas electorales “son compromisos que hay que cumplir”.
Con este historial, el sindicato cuestiona la coherencia entre el discurso oficial y la actuación del Ejecutivo andaluz. Y, a falta de una respuesta directa por parte de la Junta, la UFP mantiene su exigencia de establecer un canal de diálogo institucional que permita revisar los procedimientos de acceso a la unidad adscrita y garantizar que se ajusten a criterios objetivos, verificables y justos.
Qué es la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía
La Policía Nacional adscrita es una unidad especial integrada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicio en una comunidad autónoma, bajo la dirección funcional de su Gobierno. En Andalucía, esta unidad depende operativamente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, aunque sus miembros siguen perteneciendo orgánicamente al Ministerio del Interior.
La creación de estas unidades está prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permite a las comunidades autónomas contar con efectivos policiales del Estado para desarrollar competencias propias. En el caso andaluz, la unidad adscrita realiza funciones como la protección de edificios e instalaciones de la Junta, inspecciones en materia de juego, medioambiente o patrimonio histórico, y labores de apoyo en emergencias o en la protección de menores y víctimas de violencia.
Estos agentes acceden a la unidad mediante convocatorias específicas de méritos, reguladas por convenios entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Es precisamente este proceso de acceso el que ha sido objeto de críticas por parte del sindicato UFP, que reclama mayor objetividad y transparencia en los criterios aplicados.
