La Unión Federal de Policía (UFP) ha dado un paso decisivo en la lucha por los derechos laborales de los agentes al solicitar formalmente el inicio del procedimiento que reconozca a la Policía Nacional como una "profesión de riesgo". Esta clasificación permitiría a los funcionarios policiales acceder a la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores en el sistema de la Seguridad Social, equiparándose así con otros cuerpos que ya gozan de este beneficio.
Esta petición llega tras la reciente aprobación del Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, que abre una vía legal para que profesiones con altos niveles de peligrosidad, penosidad o insalubridad puedan beneficiarse de una jubilación anticipada, tal como ya sucede con otros cuerpos de seguridad y emergencias.
Según lo dispuesto en el artículo 10.1.c del Real Decreto, en el caso del personal funcionario, el proceso debe impulsarse conjuntamente entre las administraciones públicas competentes y las organizaciones sindicales más representativas. En este marco, la UFP ha elevado una solicitud al Consejo de Policía, instando a la Dirección General de la Policía a que convoque de forma urgente una mesa de negociación que aborde este asunto prioritario.
La organización sindical propone la creación de un grupo de trabajo conjunto, encargado de elaborar una propuesta formal sustentada por informes y datos que justifiquen la aplicación de estos coeficientes reductores. Entre los argumentos que presentarán, se incluyen datos sobre agentes lesionados, fallecidos o con secuelas permanentes en acto de servicio; casos de incapacidades psicológicas y físicas derivadas de la actividad policial; estadísticas de agresiones a agentes; exposición a condiciones extremas, turnicidad y actuaciones de alto riesgo; comparativa con policías municipales y autonómicas, que ya disfrutan de un coeficiente reductor del 20%.
Para la UFP, mantener la actual situación supone una "discriminación injustificada" hacia la Policía Nacional, que desempeña funciones similares a otros cuerpos que ya gozan de este beneficio. “La Policía Nacional es una profesión de riesgo. Ya no hay excusas. El marco jurídico está listo. Toca actuar”, señalan desde la organización sindical, instando a las instituciones a dar el paso definitivo hacia el reconocimiento oficial de esta condición.
Avances paralelos en múltiples frentes
Además del impulso dado por el Real Decreto 402/2025, la Policía Nacional cuenta con otros avances significativos en su lucha por el reconocimiento como profesión de riesgo. Recientemente, el Tribunal Supremo dictaminó que los agentes que ingresaron al cuerpo a partir de 2011 y cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social tienen derecho a la jubilación anticipada, equiparándolos con las policías autonómicas y locales. Esta decisión afecta a aproximadamente un tercio de la plantilla y obliga al Ministerio del Interior a desarrollar un mecanismo legal que materialice este derecho.
Paralelamente, la Confederación Española de Policía (CEP) continúa sus gestiones ante las instituciones europeas para que se reconozca la condición de profesión de riesgo a nivel comunitario. Durante la reciente visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Algeciras, autoridades, representantes sindicales y agentes sociales expusieron las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los agentes, especialmente en zonas afectadas por el narcotráfico, como el Campo de Gibraltar. Estas acciones buscan garantizar que todos los funcionarios, incluidos aquellos que no están bajo el Régimen General de la Seguridad Social, obtengan el mismo reconocimiento y beneficios.
