La Guardia Civil ha iniciado su particular cruzada contra la Policía Nacional. Primero fue recurrir el Real Decreto 665/2022, de 1 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional en una guerra absurda por intentar demostrar que ellos estaban antes. Después ha sido mostrar su desacuerdo con la Instrucción que prepara la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se establece su retirada de determinados puntos de puertos y aeropuertos en detrimento de la Policía Nacional, culpando de tal situación a la Policía Nacional.
Todo esto se está traduciendo en intentar poner las mayores trabas posibles al trabajo de la Policía Nacional, teniendo su última demostración en lo sucedido en el día de hoy en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Y es que el Coronel, Jefe de Barajas ha instado a AENA para que nos cierre el acceso y se impida el paso de Policías Nacionales desde la Comisaría del Aeropuerto a las pistas, a través de la Zona Restringida controlada por ellos, como hacían hasta ahora en la Terminales 1 y 4 de dicho Aeropuerto.
Este hecho supone que los policías nacionales, que antes accedían a las pistas en cuestión de minutos, tengan que recorrer ahora más de 14 kilómetros para poder acceder a esos mismos puntos.
Esta decisión pone en grave riesgo la seguridad aeroportuaria en caso de ser necesaria una rápida actuación derivada de tráfico de drogas, amenazas terroristas, etc. Todo ello, teniendo en cuenta que nos encontramos en el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista y que esta decisión no obedece, en modo alguno a cuestiones meramente operativas. Que un Cuerpo de Seguridad del Estado ponga trabas a otro Cuerpo Policial, podríamos calificarlo de rabieta si no fuera porque afecta a la propia seguridad del Estado.
Y es el Ministro del Interior quien, a la mayor urgencia posible, tiene que poner orden si no quiere tener problemas de seguridad en un espacio tan sensible como es el Aeropuerto de Madrid, revocando decisiones que, además de ilegales, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
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