Hablar de “reemplazo” no es hablar de integración. No es hablar de convivencia. Es hablar de exclusión, de señalar quién sobra y quién encaja según su afinidad ideológica.

Cuando desde la política se alimenta esa división, el conflicto no se queda en el discurso: baja a la calle. Y en la calle, quienes lo gestionan son los policías.

La Policía Nacional: neutral, constitucional y al servicio de todos a pesar del creciente cuestionamiento institucional al que se ve sometida. La Policía Nacional no protege ideologías, protege derechos y libertades. Nuestra función es garantizar la convivencia entre ciudadanos distintos y lo tenemos claro: los ciudadanos no se pueden clasificar como válidos o inválidos en función de su pensamiento.

Son mensajes graves que dividen a la sociedad entre “los correctos” y “los prescindibles” y chocan frontalmente con los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y neutralidad institucional, colocando a los agentes en una posición delicada e innecesaria: contener tensiones que otros generan desde la tribuna política.

Más confrontación ideológica implica más conflictividad social. Discursos de exclusión generan enfrentamientos, radicalización y violencia.

Resulta especialmente grave que este tipo de mensajes provengan de quien ha ocupado un Ministerio en el Gobierno. La idea de “reemplazar” a una parte de la sociedad por motivos ideológicos no es nueva. Forma parte del lenguaje clásico de los regímenes autoritarios, que no conciben la convivencia entre diferentes, sino la homogeneización del pensamiento. A lo largo de la historia, los sistemas que han hablado de sustitución, depuración o reemplazo social han terminado señalando a quienes discrepaban como un problema a corregir, no como ciudadanos con derechos.

El lenguaje del reemplazo ideológico no busca convencer ni integrar, busca desplazar, y eso es incompatible con una democracia madura y con un Estado de Derecho sólido.

Desde UFP advertimos: este discurso cruza una línea roja peligrosa, que divide, que señala y que terminará convirtiéndose en un problema de seguridad que alguien tendrá que gestionar. Y casi siempre, son los mismos: los policías en la calle.

La historia demuestra que los discursos que señalan acaban generando conflictos, y los conflictos siempre terminan teniendo un mismo destino: la intervención policial.

Como sindicato profesional de la Policía Nacional, tenemos la obligación de advertir cuando determinados discursos políticos ponen en riesgo la convivencia y la seguridad pública.

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