12 Agentes heridos en el lugar donde se supone se ha de reeducar a los menores.
La Unión Federal de Policía (UFP) expresa su más enérgica condena y profunda indignación por el grave motín ocurrido ayer, 5 de febrero de 2026, en el Centro de Educación e Internamiento de Menores (CEIMJ) de Juslibol, Zaragoza. Unos 20 internos, vinculados a bandas latinas rivales, iniciaron una violenta reyerta que escaló rápidamente: agredieron a un vigilante de seguridad, se apoderaron de las llaves del módulo, generaron un caos con "mucha sangre" según testigos y obligaron a un masivo despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional para restablecer el orden.
La convivencia se construye integrando, no sustituyendo a quien piensa distinto.
Desde la Unión Federal de Policía (UFP) queremos expresar nuestra honda preocupación ante el último discurso de Irene Montero, eurodiputada de un espacio político con responsabilidades de Gobierno en el pasado y en el presente, en el que se plantea abiertamente el reemplazo ideológico de una parte de la sociedad. No estamos ante una simple declaración política, sino ante un mensaje que fractura la convivencia, erosiona el pluralismo democrático y tiene consecuencias directas sobre la seguridad pública.
Desde este Sindicato se quiere hacer constar y poner de manifiesto una problemática, que se viene observando de un tiempo a esta parte, y que afecta no solo a nuestros/as afiliados/as sino a todo el colectivo policial, y tiene que ver con la dotación de prenda de protección frente a la lluvia (chubasquero), como equipamiento de uniformidad para personal operativo de la Policía Nacional que actualmente se suministra de forma sistemática a los/as alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía (Ávila), pero no al conjunto de funcionarios/as de Policía Nacional que prestan dicho servicio en la vía pública en las distintas plantillas del territorio nacional.
El avance imparable del narcotráfico en el litoral andaluz exige medidas urgentes: estamos llegando a un punto de no retorno.
Desde este Sindicato se quiere realizar una queja sindical y hacer constar y poner de manifiesto una problemática, que se viene observando de un tiempo a esta parte, y que afecta no solo a nuestros/as afiliados/as sino a todo el colectivo policial, y que tiene que ver de manera específica con la asignación y portabilidad del subfusil MP5 a funcionarios de Seguridad Ciudadana en determinadas plantillas, sin que se hayan cumplido los requisitos mínimos de capacitación y evaluación de riesgos, sin una formación teórica ni práctica, sin certificación adecuada y sin una justificación operativa, vulnerando de forma directa y concurrente el RD 1484/1987 (Reglamento de Armamento), RD 2/2006 (PRL en PN) y principios de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, siendo por tanto incompatible con el deber de protección de la DGP y generando un riesgo evidente para la vida e integridad física de los/as funcionarios/as, para terceros y la propia Seguridad Ciudadana, en base a los hechos que se exponen a continuación..
