Policías y guardias civiles se movilizan en vísperas de las dos jornadas marcadas en rojo en el calendario para protestar por los cambios anunciados por el Gobierno respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Los agentes arremeten contra las modificaciones -"nos deja vendidos"- y piden al Ejecutivo que tengan en cuenta sus opiniones antes de cerrar la reforma. A pesar de las discrepancias internas en la organización de las movilizaciones, sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos aspiran a cerrar filas y a concentrar al máximo número de agentes en los actos convocados. Un llamamiento que cala hondo entre las filas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que también se extiende a los miembros de los demás cuerpos autonómicos y locales.
En vísperas de los preparativos, Vozpópuli reúne las opiniones de todos los sindicatos y asociaciones que forman parte de los Consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; una docena de representantes que coinciden en su valoración: "No vamos a parar". Aseveran que la decisión del Gobierno ha provocado un profundo malestar en el seno de ambos cuerpos, no sólo por las consecuencias directas que tendrá en su forma de intervenir o en cuestiones propias de seguridad, sino porque el anuncio se ha llevado a cabo sin atender las voces de los representantes sindicales y asociativos.
Los uniformados mantienen dos fechas en el tablero, el 24 y el 27 de noviembre, para manifestar su malestar. En la primera protestarán frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España. En la segunda se prevé una gran movilización en Madrid. Sindicatos y asociaciones no fueron capaces de ponerse de acuerdo a la hora de convocar las protestas en una única jornada, pero ahora, tras unos días "frenéticos" -así lo tildan fuentes internas de la organización-, todos ellos han manifestado su adhesión a ambas movilizaciones contra la derogación de la Ley Mordaza.
Porque los agentes consideran que las modificaciones anunciadas por el Gobierno, aún sin fecha para su aplicación, son "contraproducentes" para su actuación. Consideran que la Ley de Seguridad Ciudadana -o Ley Mordaza-, tal y como estaba representada hasta ahora, les daba un blindaje frente a la difusión de imágenes en las que se les pudiera identificar, "cuestión fundamental" especialmente en regiones donde consideran que su seguridad o las de sus familias están en juego: Cataluña, País Vasco o Algeciras.
También consideran que la decisión de permitir manifestaciones espontáneas puede comprometer el orden público. Y que la reducción del tiempo de identificación del detenido -de seis horas se pasa a dos-, así como la obligación de dejar al arrestado en el mismo sitio donde se le capturó les convierte en "taxistas" y dificulta su intervención.
Así, representantes sindicales y asociativos coinciden en que las movilizaciones son el primer paso para manifestar su disconformidad, y quetodavía hay margen para "canalizar" las modificaciones. En términos legislativos, porque aún no hay un texto definitivo ni una fecha en la que vaya a ver la luz, por lo que "hay tiempo" para que el Gobierno atienda sus demandas. Y en términos políticos, por la posibilidad de que grupos de la oposición presionen para lograr un resultado diferente. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional en caso de salir adelante y que participará en las movilizaciones. También lo harán desde Vox y Ciudadanos.
A continuación, la opinión de todos los sindicatos y asociaciones con representación en los Consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre los cambios en la llamada Ley Mordaza. En la imagen que abre este artículo figuran, de izquierda a derecha y de arriba abajo, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, el presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Adolfo Medina, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, el secretario general de Unión Federal de Policía (UFP), Víctor M. Duque, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, el presidente de Unión de Oficiales de la Guardia Civil, capitán Francisco García, el presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Francisco Javier Benito, el presidente de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), José Manuel Rodríguez Tovar, la presidenta de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Vanesa González, y el presidente de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), José Francisco Silva.
Aarón Rivero, de Jupol, considera que "la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos". Y añade: "La eliminación de esta ley no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes".
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Mónica Gracia como secretaria general, consideran que la reforma "destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a sus agentes". Una decisión que les preocupa por el contexto de "especial conflictividad social, en medio de una pandemia y un aumento creciente de las agresiones a policías": "Esta reforma nos criminaliza y desprestigia, sitúa a los policías al mismo nivel que los delincuentes cuando retira la presunción de veracidad que tenían las actas policiales frente a las declaraciones de los infractores y compromete los derechos y la seguridad del resto de ciudadanos cuando se permita la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa ni advertencia del recorrido".
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), presidido por Adolfo Medina, ha remitido un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que arremete contra la decisión anunciada por Moncloa: "La trayectoria democrática y respetuosa con el ordenamiento jurídico de los policías nacionales en las últimas décadas merece ser respetada. Lo que se conoce de las intenciones del Gobierno denota una criminalización injustificada de los policías nacionales".
La Confederación Española de Policía (CEP), con David Pola como portavoz, asevera que "hace falta apretar el botón de alarma y trasladar a la sociedad un mensaje claro: los policías no podemos proteger a los demás si cada vez se nos expone más en la calle y se nos quitan herramientas jurídicas básicas que garanticen nuestra seguridad profesional". Y le piden al Gobierno que "dé marcha atrás en este proyecto polémico, ajeno a cualquier necesidad técnica o jurídica, y abrace la cordura política para impedir que un colectivo funcionarial de más de 220.000 familias perciba que su sacrificio diario y el jugarse la vida sólo sirven para que, a cambio, se limiten nuestras atribuciones y se ponga en riesgo, todavía más, nuestra seguridad jurídica".
La Unión Federal de Policía (UFP), con Víctor M. Duque como secretario general, considera que la modificación legislativa supone un paso "hacia un caos preocupante": "Todas las enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno están encaminadas a permitir, sin control alguno, todo tipo de actos que vayan en contra de las seguridad de los ciudadanos. Por el contrario, pretenden dificultar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, impidiendo en ocasiones la realización eficaz de su trabajo y demonizando y poniendo en duda su función como garante de los derechos y libertades de todos".
Jucil, con Ernesto Vilariño como secretario general, es la asociación hermana de Jupol, de la Policía Nacional. Ambas conforman la plataforma Jusapol, que considera que la modificación de la ley "pone en entredicho la profesionalidad de nuestro trabajo, genera un estigma negativo y distorsionado sobre los agentes y creará inseguridad ciudadana". También que es "una temeridad" y que "el objetivo de la ley no clarifica si es para que se garantice la seguridad de la mayoría de los ciudadanos o es para que unos pocos violentos campen a sus anchas".
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con Juan Fernández como secretario general, reclama "desde hace tiempo la reforma del Código Penal para endurecer las penas a los agresores de los miembros de la seguridad pública": "Por el contrario, el anuncio de la derogación de parte de la Ley de Seguridad Ciudadana deja aún más indefensos a los guardias civiles y resto de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, especialmente preocupante es la retirada de la prohibición de grabación y de difusión sin autorización previa de imágenes de los agentes durante sus actuaciones".
La Asociación Española de Guardias Civiles, presidida por Francisco Javier Benito, manifiesta su "disconformidad con una reforma que se ha hecho ignorando la opinión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que sólo es garantista con una parte de la población": "AEGC exige al Gobierno que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sea garantista para todos los ciudadanos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluidos. Guardias civiles y policías sufren un incremento de agresiones y el Ejecutivo no cambia su consideración a autoridad".
José Manuel Rodríguez Tovar preside la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC): "Toda la ciudadanía, no sólo guardias civiles y policías de todos los ámbitos, deberían estar en contra de la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y acudir a todas las movilizaciones que se están convocando para el miércoles 24 y el sábado 27". A su juicio, "la nueva ley no será un instrumento del Estado para garantizar la seguridad ciudadana sino que, torticera y maliciosamente utilizada, será instrumento de los alborotadores, delincuentes y enemigos del orden".
La asociación Independientes de la Guardia Civil, presidida por Vanesa González, apunta que los cambios "causarán un daño irreparable a la operatividad policial": "Además se atacarán procedimientos esenciales como, por ejemplo, el mantener un flujo ordenado en los controles fronterizos de Ceuta y Melilla, el condicionamiento del cacheo superficial teniendo que realizarse únicamente en un lugar reservado a tal efecto o la prohibición en el uso de pelotas de gomas en dispositivos de orden público, sin especificar que otros medios disuasorios suplirán a éstas".
La Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), presidida por José Francisco Silva, también mantiene contactos con otros sindicatos y asociaciones para organizar las protestas de la próxima semana, así como con representantes políticos para manifestar su oposición a la reforma. En un comunicado conjunto firmado con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también incluida en las negociaciones y presidida por el capitán Francisco García, aseveran que "los cambios de la Ley de Seguridad Ciudadana dificultan el trabajo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ponen en entredicho el principio de autoridad y la profesionalidad de éstos".
Luis Jiménez Martínez, secretario regional de la UFP en la ciudad, considera que no hay personal para reabrir los pasos fronterizos y dice que harían falta 150 agentes más para que garantizar la seguridad.
La Unión Federal de Policía defiende que en Melilla no hay personal para reabrir la frontera con Marruecos. En una entrevista concedida a El Faro, el secretario regional de la UFP, Luis Jiménez Martínez, advirtió de que en estos momentos los pasos fronterizos no están preparados para retomar el tráfico fronterizo.
“No. No podemos abrir mañana la frontera. Negativo”, contestó Jiménez a la pregunta sobre si ya están creadas las condiciones para reabrir los pasos fronterizos con Marruecos. Además, alertó de que se esperan avalanchas del lado marroquí en ese primer día de reapertura porque “hay gente que lo ha pasado mal. Han pasado hambre y penurias”, señaló al hilo de estas previsiones.
“A día de hoy no tenemos personal en Melilla para abrir la frontera”, recalcó Jiménez. Según sus cálculos, la ciudad necesita al menos otros 150 agentes que se sumarían a los casi 500 que tiene la Policía Nacional en plantilla en la ciudad en estos momentos.
No obstante, Jiménez aclaró que la Unión Federal de Policía es partidaria de la normalización de las relaciones con Marruecos por los vínculos familiares y culturales que unen a los dos países.
“Hay amistades, sobrinos, familiares, incluso amistades de toda la vida. Gente de Melilla que tiene allí casas o que les gusta disfrutar de Marruecos y marroquíes que les gusta Melilla y les gusta disfrutar de Melilla. Nosotros creemos que debe estar abierta de la frontera, como está abierta la frontera con Francia o con Portugal”, añadió.
Asimismo, aclaró, que desde la UFP son partidarios de que en la frontera se aplique el Acuerdo de Buena Vecindad vigente antes del cierre fronterizo en marzo de 2020.
“Lo que no estamos a favor es de los porteadores. No estamos a favor de empresarios que se benefician del trabajo de una serie de personas que ni están cotizando ni están dadas de alta en la Seguridad Social. Nosotros no queremos ese tipo de movimientos en la frontera. Queremos una frontera normal en la que la gente entre de forma ordenada y controlada”.
Para eso, en opinión de Jiménez, es necesario que se controle cada persona, una a una, que entre en Melilla y abandonar las viejas prácticas de dejar entrar en grupo para aliviar la presión en la frontera.
“Queremos que se regule esa frontera. Que el que sea del sur de Marruecos y necesite visado, que pase con visado, que se potencie el trabajador transfronterizo; que entren niños que quieran estudiar en España, personas que quieran visitar la ciudad o ir de compras. Si quitamos el comercio atípico y se regula la entrada por Beni Enzar y se habilita otra (frontera) para niños y trabajadores transfronterizos se garantiza la entrada de una manera controlada. Lo que no puede ser es que Melilla sea la única frontera de España que no tenía control de salidas“.
Aunque no se pronuncia categóricamente, el máximo responsable de UFP en Melilla cree que debería estudiarse si abrir o no los pasos de Farhana y Barrio Chino.
“Creemos que tantos puntos podrían ser contraproducentes para la seguridad. Mínimo Beni Enzar y otro tipo de accesos para casos excepcionales sí que podría existir”, señaló.
Faltan policías: una reivindicación histórica
Desde hace años la Unión Federal de Policía de Melilla viene reclamando el refuerzo de personal para la plantilla de la ciudad. Es, de hecho, una reivindicación histórica que el sindicato defiende en aras de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Luis Jiménez cree que eso se ha conseguido tras el cierre de la frontera con Marruecos porque sin la presión de los controles fronterizos se han podido sacar más patrullas a las calles.
El catálogo de personal de la Comisaría de Melilla recoge una plantilla de 500 agentes que la UFP considera que está obsoleto y que se debe ampliar el personal para reconocer que ésta no es sólo una ciudad de 87.000 habitantes sino también y, sobre todo, una ciudad fronteriza.
Sin embargo el catálogo de personal no tiene en cuenta dos de los grandes problemas de Melilla: la presión migratoria y la frontera. “No puede ser que salgan dos zetas (dos patrullas) a un servicio de noche”, señaló.
Por eso, Jiménez cree que es necesario que se audite rincón por rincón para saber qué puestos demandan más funcionarios de la Policía Nacional en Melilla.
En ese sentido explicó que actualmente la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) está al 90%. Sin embargo, siendo un servicio esencial “hasta hace poco estaba a cuadros”.
Al sindicato le preocupan además los apedreamientos que sufren no sólo los agentes en determinadas zonas de la ciudad sino también los Bomberos y las ambulancias.
Al respecto, Jiménez denunció la existencia de grupos que se organizan para quemar contenedores y provocar de esta forma que acudan dotaciones de Bomberos y policías para apedrearlos.
“Le vamos a exigir al nuevo jefe superior que hable con la delegada del Gobierno y el resto de instituciones para intentar solucionar eso (los apedreamientos)”.
En cuanto a infraestructuras, desde la UFP creen prioritario empezar con las obras de la Comisaría, habilitar una galería de tiro y crear una unidad de guías caninos, algo que se prometió en su día y sigue en stand by.
También reclaman que agredir a un policía no salga gratis y pone por ejemplo a un agente de Melilla al que le lanzaron una rueda de coche con llanta y cubierta entera desde una azotea y el agresor se fue de rositas pese a que desde el sindicato creen que lo hizo con la intención de matarlo.
“Tenemos que estar respaldados por la ley”, concluyó.
La Policía alega que no puede revelar los méritos para entregar la condecoración a funcionarios jubilados por Seguridad del Estado.
La Audiencia Nacional va a revisar las medallas de plata que en septiembre se aprobaron en una Orden General de la Policía con la firma del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Concretamente las cuatro otorgadas a comisarios jubilados entre los que se está el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Migueláñez que llevó a cabo la mayor parte de la investigación sobre el “caso Villarejo”. Tres sindicatos policiales han interpuesto demandas y, la primera de ellas, la de la Unión Federal de Policía (UFP) se resolverá en una vista el próximo 21 de diciembre.
Este mismo sindicato logró un precedente el pasado mes de junio cuando el Juzgado de lo Contencioso nº 6 de la Audiencia Nacional retiró a otros tres comisarios jubilados, Eloy Quirós, a Manuel Páez y a Francisco López Canedo, sus distintivos de plata por no existir una «propuesta individualizada de cada uno de los funcionarios» que acreditara sus méritos, según la sentencia. Pero este año, el Ministerio del Interior ha repetido el escenario entregándole la plata, además de a Migueláñez, al exjefe superior de la Policía de Cantabria Héctor Moreno; al de Melilla Francisco Rodríguez López; y al de Canarias José María Moreno.
Sin embargo, en esta demanda el asunto va más allá del hecho de la jubilación. A instancias del sindicato, el juez de lo Contencioso Luis Carlos Roxas, en una providencia a la que ha accedido LA RAZÓN, libra un oficio al portal de transparencia de Interior para que revele el número de condecoraciones al mérito policial que se les ha concedido a estos policías y la fecha de concesión de cada una de ellas. El objetivo es saber si entre una insignia y otra hubo 10 años de margen.
En una resolución interna de la Dirección General de la Policía de 2012 (con rúbrica del entonces director general Ignacio Cosidó) se describen los “criterios y procedimientos a seguir” para entregar las medallas y se establece, expresamente, que debe pasar una década entre una medalla a la trayectoria profesional (no a un hecho concreto como la que se ha entregado, por ejemplo, a los agentes que acudieron a Afganistán) y la siguiente.
Como la Ley que habla de las condecoraciones es de 1964 se quiso actualizar con unos “criterios objetivos mínimos para tramitar la propuesta” y se estableció este límite temporal que año tras años las Jefaturas Superiores recuerdan como requisito para poder acceder a los distintivos. Algo que, en el caso de estos comisarios, no se ha cumplido según fuentes policiales.
Los cuatro tienen medallas (entre blancas y rojas) con fechas de 2012, 2014 y 2015 sumada a la de plata concedida este 2021, que supone una pensión del 15% del sueldo. Los cálculos que manejan los recurrentes es que entre las condecoraciones y los trienios por antigüedad cada uno de ellos se lleva entre unos 700 y 800 extras al mes y de forma vitalicia.
Por su parte, el Ministerio del Interior a través de transparencia se ha negado a facilitar estos datos alegando que vulnerarían el derecho “fundamental a la intimidad” de los comisarios. En un documento que firma la comisaria subdirectora del gabinete técnico de la Policía expone que el conocimiento de los méritos de estos policías podría “implicar la puesta en riesgo no solo” de su “propia integridad personal, sino incluso”, sino que algunas operaciones “en el marco de la Seguridad del Estado” podrían verse comprometidas. Fuentes del sindicato subrayan que dado que estas medallas se pagan con dinero público el no facilitar los datos no es una cuestión de intimidad, sino de transparencia.
Ante la aparición de diferentes pintadas en el edificio administrativo del Concello en la calle Michelena y en las instalaciones municipales deportivas de Campolongo en las que se puede leer el acrónimo ACAB (All cops are bastards), es decir, "todos los policías son bastardos”, así como la secuencia numérica 1312 que lanza el mismo mensaje, ya que ese número se corresponde con las siglas pero asignando esta vez a cada letra un valor numérico (1=A, 2=B, 3=C), la Unión Federal de Policía de Pontevedra (UFP) ha condenado públicamente estas pintadas al considerarlas "expresiones de odio hacia la policía en la ciudad".
Desde la UFP consideran que este tipo de graffiti incitan al odio "hacia un colectivo que se juega la vida en las calles por defender la de los demás". Es por esto que exigen tanto al gobierno local de Pontevedra como a la Subdelegación del Gobierno que condenen públicamente "tales ofensas hacia una política que trabaja profesionalmente y con dedicación hacia toda la población, indistintamente de su color político o tendencia".
Fuente: www.farodevigo.es
El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) de Melilla es contrario a la exigencia de visados en la frontera de Melilla.
En declaraciones a El Faro, Luis Jiménez, portavoz de UFP explicó que eso no quiere decir que pretendan que las cosas sigan como estaban hasta antes del cierre de la frontera cuando la gente salía de Melilla sin control ninguno.
“No queremos que se aplique Schengen, pero queremos una frontera totalmente controlada. Lo de no controlar las salidas, eso no ocurre en ninguna frontera”, recalcó.
En opinión del portavoz de UFP, hay cosas que tienen que cambiar en la frontera como es el caso de llamado comercio atípico, que Jiménez prefiere llamar por su nombre “trabajo esclavo” del que “se han beneficiado un montón de empresarios”.
Fuente: elfarodemelilla.es
El Defensor del Pueblo apunta a la UFP que además se ha solicitado a la Consejería siga informando de la evolución de la situación y de los cambios que se produzcan respecto a nuevas pautas de actuación ante posibles casos importados de covid-19 vinculados a la llegada de inmigrantes irregulares.
El Defensor del Pueblo ha informado a la Unión Federal de Policía (UFP) en Almería que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía está tratando de “unificar” los criterios para hacer frente a la covid-19 bajo los que se actúa con inmigrantes llegados en pateras a la costa andaluza.
En concreto, la oficina dirigida por Francisco Fernández Marugán traslada literalmente la respuesta de dicha Consejería sobre la “evolución de la situación y de los cambios producidos respecto a nuevas pautas de actuación ante posibles casos importados de la covid-19, en el contexto de la inmigración irregular” en Andalucía.
Fuente: www.diariodealmeria.es
