El Comité Regional de la Unión Federal de Policía (UFP) en Melilla denuncia las “agresiones que se están produciendo” en los diferentes servicios esenciales en nuestra ciudad, como pueden ser a los bomberos, policías locales y policías nacionales, entre otros.
Esta organización sindical afirma que ha sido testigo de “robos de ambulancias y agresiones con lanzamientos de objetos peligrosos”, actos que ponen en grave peligro la integridad de los agentes actuantes. “Vemos, como estas conductas, se vienen produciendo con más frecuencia, en el tiempo y con mayor intensidad”.
No obstante, desde la UFP, “felicitamos a los componentes de la dotación policial por la detención, muy complicada” y porque no “hayan tenido lesiones graves” como los sucedidos en el pasado mes, “con el lanzamiento de una rueda de un vehículo completa que impactó en la cabeza del agente”.
Por último, solicita la cooperación ciudadana para “identificar a estos presuntos infractores”, así como a la autoridad judicial “para que haya una respuesta judicial contundente con este tipo de acciones por la que se produce una gran alarma social, basada en la sensación de impunidad con que las realizan”.
Fuente: melillahoy.es
UFP denuncia que el ataque de ayer es «uno más» a centros policiales en Cataluña
Como viene siendo habitual, cuando los delitos de odio los comete la extrema izquierda o los separatistas, el gobierno calla porque son sus aliados y Sánchez necesita sus votos para seguir en La Moncloa. Esa actitud cómplice del gobierno ha recibido hoy duras críticas del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que esta mañana ha publicado un comunicado en el que condena el ataque separatista de ayer a la Jefatura Superior de Barcelona y recuerda que es “uno más” a los centros policiales en esa región, unos ataques “que estamos seguros que no se consentirían en ninguna otra Comunidad española”, señalan desde el sindicato.
Fuente: www.outono.net
El alcalde de Madrid exige a Pedro Sánchez la misma diligencia en los ataques -reales- contra la Jefatura de la Policía Nacional, en Barcelona, que con el falso “ataque homófobo” de Malasaña.
Madrid no es una ciudad racista, ni homófoba, ni en ella campa el botellón, como ha señalado esta misma semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos. Cuando se produce el asesinato de Samuel, la manifestación es contra Díaz Ayuso. Es constante el señalamiento contra Madrid”, afirmó el regidor en una entrevista en “Telemadrid”. Más de lo mismo tras el “caso Malasaña”, en el que el supuesto ataque homófobo fue desmentido por la supuesta víctima. Sin embargo, desde el Gobierno, se organizó una mesa de lucha contra la homofobia y los delitos de odio “que se sufre en Madrid”. Algo que se orquestó con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, entre otros. Ahora, hoy mismo, el alcalde de Madrid, ha publicado en redes sociales un vídeo de los desórdenes públicos e incidentes registrados el sábado en Barcelona y pregunta, “¿Cuándo convoca (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez la comisión de delitos de odio por esto?”.
“Espero que la presida”, dice Almeida en alusión a la Comisión de seguimiento del Plan de acción contra los delitos de odio, que el viernes presidió Sánchez tras ser convocada de urgencia tras conocerse una denuncia de una agresión homófoba en Madrid, el pasado día 5, que, insistimos, acabó siendo falsa.
El sábado, en la capital catalana, durante la manifestación independentista de la Diada, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos personas, una por desórdenes públicos y otra por atentado a la autoridad, en unos incidentes registrados en la Vía Laietena, frente al edificio de Jefatura de la Policía Nacional.
Este domingo, la Unión Federal de la Policía (UFP) ha denunciado la “pasividad” del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante dichos incidentes, lo que consideran un ataque a las instituciones del Estado.
En un comunicado, la UFP considera al Gobierno y al ministro del Interior responsables de esta situación y les acusa de mantener una actitud “políticamente cobarde”.
Ayer se celebró en Cataluña la Diada, fiesta que los independentistas de siempre aprovecharon para atacar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de Vía Layetana.
Desde la Unión Federal de Policía condenamos este ataque, uno más, a nuestros Centros Policiales en esa Comunidad Autónoma que estamos seguros no se consentirían en ninguna otra Comunidad española.
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Los comisarios de policía Eloy Quirós, Manuel Páez y Francisco López Canedo se quedan sin una de sus medallas de plata.
El juez anula tres condecoraciones de plata que el Ministerio del Interior otorgó a policías que estaban jubilados.
Así lo ha decidido el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 6 de la Audiencia Nacional en una sentencia que supone un varapalo para el Ministerio del Interior a quien acusa de no motivar lo suficiente la concesión de estos distintivos.
Dicha sentencia con fecha del 12 de julio, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, señala que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no motivó las propuestas de medalla, puesto que no existe un documento individualizado por cada uno de los tres comisarios principales que permita justificar este premio, según el juez Luis Carlos de Rozas Curiel.
La Ley sobre condecoraciones policiales es clara en este aspecto y exige que concurran condiciones como dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia que redunde en el prestigio de la Policía. Algo que no se sostiene al haber estado los tres policías fuera del cuerpo ya en el momento en el que se les otorgó el premio.
La demanda fue interpuesta el pasado mes de octubre por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), como adelantó este digital para recurrir una orden de Interior en la que otorgaba el distintivo de plata al actual director de seguridad de El Corte Inglés, Eloy Quirós, así como al que fuera jefe superior de la Policía de Navarra Francisco López Canedo y el ex comisario de la Brigada de Extranjería Manuel Páez. El sindicato denunció que el procedimiento de condecoraciones a funcionarios que ya no estaban en el cuerpo suponía un proceso “oscuro” que provoca “suspicacias''.
Y así lo ha refrendado la Audiencia Nacional: “el acto administrativo no resulta motivado, no solo por la ausencia de fundamentación explícita del mismo, sino también porque el conjunto de documentos y elementos probatorios que en el expediente constan y deberían de dotar de sentido a la resolución administrativa, omiten toda referencia a las razones concretas e individualizadas que acreditarán que los premiados reúnen los méritos que la Ley exige para que puedan ser objeto de recompensa”.
En la misma Orden de Policía que concedió estas medallas ahora anuladas se condecoraba, por ejemplo, al inspector Francisco Javier González Suárez quien fue embestido en su coche en una persecución a un narcotraficante en Algeciras. El coche patrulla quedó bocabajo y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Sevilla. Para el sindicato denunciante era un agravio comparativo que esta medalla estuviera en la misma orden que la de tres comisarios que ya no prestaban servicios al cuerpo.
Este premio supone un 15% adicional del sueldo del policía de forma vitalicia, es decir en el sueldo de un comisario con varios trienios la traducción económica está entre unos 300 y 400 euros que se suman a la pensión. Fuentes del cuerpo explican que en los últimos años tanto la medalla de plata como la Cruz con distintivo rojo -que también lleva aparejado un 10% del salario vitalicio- se dan de forma sistemática a la cúpula policial y así quedan sobredimensionados los salarios de los altos cargos.
La sentencia declara nula la resolución de Interior por lo que los policías jubilados deberán devolver el dinero cobrado por estas condecoraciones desde el pasado mes de septiembre. El fallo ahora puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.
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En el día de ayer, el BOE publicaba los indultos a los condenados, por sentencia firme en el caso del Procés. Se trata de indultar y permitir su salida de la cárcel, de políticos que han sido condenados por la comisión de delitos que pusieron en riesgo la integridad territorial de España, utilizando para ello fondos de todos los ciudadanos.
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